"Las policías están minadas de delincuentes”, "los cuerpos de investigación están infiltrados por el hampa". Cualquiera diría que esas expresiones provienen de Globovisión o de algún medio al servicio del Imperio, no es así, provienen de Diputados Rojitos debidamente inscritos en el PSUV.
Ángel Landaeta y Edgar Lucena, fueron dos de los diputados que se expresaron de esa manera en referencia a los cuerpos de seguridad del estado. Las denuncias no quedaron ahí, la Comisión de Política Interior de la AN llegó a la conclusión de que “bandas enquistadas en los cuerpos de seguridad del Estado están detrás de los secuestros que sacuden al país”.
La noticia no es nueva, el Ministro de Interior y Justicia, sin pena ni rubor, indicó que hay policías o militares implicados en 20% de los homicidios que se cometen en el país. Por otro lado, la Fiscal General de la República comentó que el problema de los funcionarios que delinquen se ha agudizado. En un país serio ambos renunciarían a sus cargos. Haga el ejercicio de imaginar el tener que hacer una denuncia ante un organismo de seguridad del estado y el funcionario que le toma la declaración, es el mismo que lo secuestró. ¡Fin de mundo!
El remedio que propone el Líder, es pedir a la AN la creación de una ley que castigue a funcionarios policiales que se presten para el crimen, la llamaría Ley Especial de Alta Traición al Pueblo, ¿acaso las leyes venezolanas no contemplan los delitos de secuestro, extorsión, robo, atraco, etc? ¡Todos están tipificados en nuestras leyes! No se requiere de una nueva ley, sólo hay que aplicar las existentes y que investigadores, fiscales y jueces muestren eficiencia en sus actuaciones y no sólo ante los requerimientos y presiones del Jefe.
El país fue testigo de las veloces intervenciones de las autoridades en los casos de expropiaciones de edificios, fincas y fábricas o de los arrestos de Álvarez Paz, Zuloaga y María Afiuni, (condenada por el Jefe de la revolución a treinta años de cárcel sin juicio previo). Sin duda, procedimientos inusitados. Para defender los esfuerzos del Ejecutivo contra el crimen, Tulio Jiménez, presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, usó como argumentos los encarcelamientos del general Baduel y de la jueza Afiuni, pero no citó a ningún policía implicado en comisión de delitos. ¡No hay defensa posible!
El hampa está en las oficinas de los órganos de seguridad del estado, con uniforme y credencial. No basta la creación de una ley especial para atrapar policías y militares delincuentes, se requiere honestidad y capacidad para hacerlo, junto a coraje y valentía para desmontar la red de protección, que se presume tienen esos funcionarios, que les permite delinquir con total impunidad.
Publicado en http://www.noticierodigital.com/2010/05/hampa-con-uniforme-y-credencial/#more-89531 el 15/05/10
No hay comentarios:
Publicar un comentario